Una historia como ésta podría comenzar en docenas de lugares.
Podría comenzar con Elliot, un bebé sacudido con tanta fuerza que sufrió una lesión cerebral traumática; o con Adeen, otro niño, sumergido en agua hirviendo; o con Samaya, sujetada y quemada con una plancha.
Una historia como esta también podría comenzar con una madre, como Tytianna Hawthorne, cuya hija, Su’Layah Williams, fue retirada de su cuidado por el Departamento de Servicios Humanos de Filadelfia y colocada en un hogar privado donde, supuestamente, la niña fue asesinada.
Esta historia podría comenzar con cualquiera de estos trágicos incidentes porque todos surgen del mismo problema: un sistema de bienestar infantil que necesita una reforma.
Durante más de una década, el Departamento de Servicios Humanos (DHS, por sus siglas en inglés) de Filadelfia ha subcontratado el cuidado de niños involucrados en investigaciones de abuso y negligencia a pequeñas organizaciones privadas sin fines de lucro. A partir de 2012, tras un terrible caso de abuso infantil, Filadelfia estableció las Agencias Paraguas Comunitarias (CUA, por sus siglas en inglés) en 10 distritos de servicios en toda la ciudad.
La intención declarada era agilizar, localizar y atender mejor a los jóvenes con necesidades a través de agencias de bienestar más pequeñas y centradas en los vecindarios.
Pero ese objetivo está lejos de cumplirse, según una investigación pionera realizada por Resolve Philly y The Inquirer. Los medios de comunicación encontraron fallos sistémicos en la red de empresas privadas contratadas por el DHS de la ciudad. Desde su fundación, las CUA han generado desconfianza entre las familias de Filadelfia y han sido demandadas casi 70 veces por supuestamente permitir que los niños bajo su cuidado fueran quemados, golpeados, agredidos sexualmente y, en 14 casos, asesinados.
Los registros judiciales y las entrevistas indican que al menos 50 de estas demandas resultaron en acuerdos o veredictos de un millón de dólares o más.
En un caso que se resolvió por $6.5 millones en julio de 2022, Hope Jones, de 3 años, murió a causa de múltiples traumatismos por fuerza contundente mientras estaba bajo el cuidado de un CUA, Northeast Treatment Centers.
Estas organizaciones privadas sin fines de lucro han incurrido en costos legales y de seguros que ahora amenazan con desestabilizar el sistema de acogida familiar de Filadelfia. La CUA más grande del DHS, Turning Points for Children, decidió en 2022 cerrar sus cuatro oficinas y su operación anual de $40 millones. A principios de 2024, Tabor Community Services informó al DHS que no renovaría su contrato anual de 7 millones de dólares.
“Creo que es evidente que el sistema de las CUA está por colapsar”, dijo David Wilson, expresidente reciente de AFSCME Local 2187, que representa a 600 trabajadores del DHS. “Si la dirección del DHS está al tanto de esto o planeando algo, no tengo conocimiento de ningún plan”.
La revisión de Resolve Philly/Inquirer de las decenas de demandas, junto con docenas de entrevistas con profesionales de bienestar infantil, familias y jóvenes dentro del sistema CUA, revela problemas centrales que se remontan al DHS.
Entre los resultados:
- A pesar de una drástica reducción en el número de niños en hogares de acogida, Filadelfia mantiene a muchos más niños bajo custodia que el promedio nacional, según datos del DHS (aproximadamente 7,6 por cada 1.000, en comparación con 5,1, o un 50 % por encima del promedio estadounidense) y una cantidad desproporcionada de niños negros y de bajos ingresos. Muchos niños son retirados por “negligencia”, un término amplio que refleja condiciones asociadas con la pobreza con más frecuencia que la negativa voluntaria de los padres a cuidarlos.
- Los incidentes de muertes y casi muertes infantiles son similares a los que existían antes de que la ciudad implementara su sistema CUA.
- Las CUA enfrentan tasas anuales de rotación de personal de hasta el 40% debido a los bajos salarios, la alta carga de trabajo y el estrés abrumador. El propio DHS enfrenta tasas de vacantes de aproximadamente el 30% entre su personal de investigación.
“Llevamos 30 años hablando sobre los mismos problemas en el sistema de bienestar infantil”, dijo Cathleen Palm, fundadora del Centro para la Justicia Infantil. “Simplemente nunca los hemos solucionado”.
La comisionada del DHS, Kimberly Ali, al ser preguntada sobre las renuncias de Turning Points y Tabor, dijo que el DHS proporcionó fondos para cubrir el aumento de las primas de seguro de las CUA. Turning Points quería más.
“Lo que el proveedor quería era que la ciudad pagara para indemnizarlos por su propia negligencia, y eso es lo que la ciudad no iba a hacer”, dijo Ali a los miembros del Concejo Municipal la primavera pasada.
Sin embargo, se pueden encontrar posibles soluciones a estos problemas al otro lado del río Delaware, en Nueva Jersey, que emergió en los últimos 20 años de una especie de “época oscura”[es decir, un periodo de grave crisis institucional]. Nueva Jersey coloca a niños en hogares de acogida a tasas más bajas que Filadelfia, sin comprometer la seguridad. Queda por ver si los líderes de Filadelfia considerarán la crisis actual como una razón para adoptar reformas que han funcionado en otros lugares.
Una premisa errónea
El DHS de Filadelfia buscó una nueva forma de proporcionar atención tras la trágica muerte por inanición de Danieal Kelly, de 14 años, en 2006. Cubierta de moretones y llagas, con un peso de tan solo 42 libras, Kelly fue descuidada durante meses mientras recibía los servicios del DHS.
“Se creía que el sistema se había vuelto demasiado complicado”, dijo Anne Marie Ambrose, quien asumió el cargo de comisionada del DHS tras la muerte de la adolescente. “La claridad sobre las funciones y responsabilidades a menudo era confusa”.
Sin embargo, algunos profesionales del sistema local rechazaron esa idea en ese momento.
“Los trabajadores sociales comprendían sus funciones y responsabilidades”, dijo Margaret Zukoski, directora asociada jubilada del Consejo de Servicios para Niños, Jóvenes y Familias de Pensilvania, quien integró un comité que analizó posibles reformas del DHS en esa época. “En todo caso, la incorporación de las CUA solo complicó el sistema”.
Un informe del gran jurado sobre el caso Kelly también rechazó la teoría de que el sistema era “demasiado complicado”: “El Gran Jurado no tiene ninguna duda de que, si los trabajadores sociales del DHS simplemente hubieran seguido los procedimientos prescritos en el manual de la agencia, Danieal estaría viva hoy”.
El DHS siguió adelante con su plan de las CUA de todos modos, lo que desencadenó una consecuencia imprevista. Las leyes estatales limitan las posibles indemnizaciones por daños civiles contra la ciudad a 500.000 dólares. Sin embargo, los contratistas privados no cuentan con esa protección legal. Como resultado, los niños y las familias de la ciudad perjudicados por el sistema de bienestar infantil se beneficiaron de un nuevo recurso legal.
Desde la externalización, una serie de “veredictos nucleares” en Filadelfia han expulsado del mercado a las aseguradoras, según un informe de Lockton, el gigante de la correduría de seguros. Las aseguradoras que permanecen en el mercado cobran tarifas y deducibles punitivamente altos.
Se están llevando a cabo conversaciones para reintroducir una legislación estatal que limite los daños a 500.000 dólares, según Mustafa Rashed, un estratega de relaciones gubernamentales contratado por las CUA.
Nadeem Bezar, un defensor de los niños que ha presentado muchas más demandas contra las CUA que cualquier otro abogado, dijo que un límite a los daños solo traslada los costos de cuidar las necesidades médicas y de salud mental continuas de los niños a los contribuyentes.
“El problema no es que tengamos que proteger al sistema de bienestar infantil de los niños a los que ha perjudicado”, dijo. “El problema es que el sistema debe dejar de perjudicar a los niños”.
Separaciones innecesarias
Cuando los investigadores llegan a la casa de una familia, examinan todos los aspectos de la vida del niño, desde el abuso hasta qué tipo y cantidad de comida hay en la casa.
“En el sistema de bienestar infantil, visitan hogares donde la familia podría estar enfrentando algún tipo de estrés, usualmente económico, y se llevan a sus hijos por ‘negligencia’”, dijo Jamele Greenwood, facilitador del Sistema de Atención de Filadelfia, quien estuvo en el sistema de acogida.
El problema es que las familias pueden ser separadas innecesariamente y los niños pueden ser enviados a un hogar donde podrían enfrentar un peligro real.
Debido al hacinamiento, por ejemplo, niños y adolescentes fueron alojados temporalmente en lo que se conoce como la “sala de noche”, un espacio que el DHS mantiene en sus oficinas para alimentar y dar refugio a los niños durante la noche si no hay un hogar de acogida o de recursos disponible.
Pero los niños no se quedaban solo a pasar la noche. Es cierto que algunos sufrían de problemas de salud mental o conductual, lo que dificultaba su colocación en hogares de acogida. Aun así, una investigación en agosto de 2022 realizada por The Inquirer reveló que los niños permanecían allí durante días o semanas en catres y colchones inflables con poca supervisión. Los adolescentes llegaban y se iban a su antojo, y el personal del DHS reportó incidentes de niños que se presentaban drogados y otros que intentaban reclutar a residentes de la sala de noche para el tráfico sexual.
Durante más de dos años, la agencia no encontró ninguna solución.
“Es exactamente la misma situación”, dice una persona administradora de casos que trabajó en la sala de noche este verano. “Juguetes rotos, ropa interior sucia —simplemente la lavan y la dejan para el siguiente niño—, una ducha sucia, niños haciendo fila para usarla sin limpieza entre uno y otro ”.
La persona administradora de casos, que pidió el anonimato por temor a represalias, notó la hipocresía.
“Entramos a los hogares como administradores de casos y les decimos a las madres que deberían servirles verduras frescas a sus hijos. Y nosotros mismos tenemos una buena cocina que funciona. ¡Pero les damos a estos niños tiras de pollo congeladas, pizzas congeladas, todo congelado!”
En los últimos meses, el DHS trasladó temporalmente a las niñas a un hogar comunitario. Sin embargo, los niños siguen viviendo en la oficina del DHS. Según un representante sindical del DHS, “sigue siendo un caos”.
Los adolescentes que están legalmente bajo la custodia del DHS siguen saliendo a la calle, de día o de noche. “Si tuviéramos un padre biológico o un padre de acogida que dejara entrar y salir a los niños como si fuera una puerta giratoria, los llevaríamos a un hogar de acogida”, dijo la persona administradora de casos. “¿Pero qué estamos haciendo? Es vergonzoso”.
El DHS sigue siendo el jefe
Brianna Donahue nunca sintió la necesidad de estar en un hogar de acogida. Pero a los 15 años, el DHS la separó de su madre por acusaciones de supervisión inadecuada y cuidados inapropiados.
Una vez que Donahue estuvo en acogida, su persona de acogida la abusó física, verbal y emocionalmente, según una demanda que presentó en 2021. Donahue denunció el abuso a su trabajadora social de la CUA, quien supuestamente no investigó la denuncia y le comunicó las quejas de Donahue a su persona de acogida.
El maltrato físico y emocional aumentó. Otros niños del hogar, alentados por la persona de acogida, patearon, y golpearon a Donahue, la tiraron al suelo y la ridiculizaron.
La persona de acogida le negó la comida a Donahue, a veces durante todo el día.
Después de dos meses, Donahue huyó. Fue ubicada en el hogar comunitario Carson Valley, donde, según ella, volvió a denunciar el abuso. “Los demandados Turning Points y el DHS no investigaron el abuso sufrido por la demandante en el hogar de acogida”, afirma la demanda. “Ninguno entrevistó a la demandante… [y] permitió que la persona de acogida continuara como recurso”.
Donahue, ahora de 22 años, finalmente se reunió con su madre y obtuvo un acuerdo que le impide ser entrevistada sobre su caso. Sin embargo, los documentos judiciales de su caso describen el papel fundamental que el DHS sigue desempeñando en el sistema de acogida con las CUA.
El DHS de Filadelfia determina si una llamada a ChildLine, la línea directa estatal del DHS, amerita una investigación, realiza la indagación inicial y decide si el niño puede permanecer seguro en casa o si debe ser trasladado a un hogar de acogida. En ese caso, el DHS participa en la selección del lugar de acogida del niño a través de una agencia contratada para referencias de hogares de acogida. Siguiendo la orientación de esa agencia, el DHS asigna el caso a una de las 10 oficinas regionales de las CUA de la ciudad, que luego proporcionan servicios continuos.
Estos trabajadores de las CUA reciben capacitación del DHS estatal y municipal. Una vez que la CUA asume el caso, el DHS recopila la documentación y sigue participando en futuras decisiones de colocación. El DHS cuenta con una pequeña unidad que recibe quejas sobre las CUA, pero los miembros de la comunidad la describen como poco dotada de personal y poco eficaz.
Los abogados del DHS argumentan cada caso de dependencia ante los tribunales, con los administradores de casos de las CUA como sus principales testigos. El DHS normalmente no figura como acusado en las demandas contra las CUA, pero la agencia funciona como diseñadora y eje de todo el sistema, y los registros judiciales y las entrevistas muestran que el departamento desempeña al menos algún papel en el daño.
Cinco de las demandas —cuatro de ellas, casos de muerte— involucran a niños con necesidades médicas graves que fueron ubicados en hogares de acogida regulares sin cuidadores con la capacitación médica requerida. Esto puede ocurrir porque el personal de la CUA no informó a la unidad de derivación del DHS sobre la condición médica del menor, por ejemplo, o porque los trabajadores del DHS no revisaron los expedientes del niño, que generalmente incluyen historiales médicos, antes de realizar la colocación.
Los defensores de los niños dicen que la escasez de hogares de acogida médicos en el DHS precede al sistema CUA.
Un caso de 2020 ejemplifica cómo una decisión del DHS puede salir muy mal.
Ese enero, una funcionaria de Turning Points expresó sus reservas sobre colocar a Xavier Johnson, un joven de acogida con graves problemas, en un hogar de acogida, según correos electrónicos obtenidos para este artículo. Johnson había actuado con violencia en el pasado, lo que lo convertía en un candidato apropiado para un centro estatal de seguridad. En cambio, el DHS lo asignó a Renee Gilyard, una madre de acogida con experiencia, de 64 años, residente en Germantown y madre de dos hijos, uno de ellos oficial de policía en Filadelfia. Ese mismo mes, Johnson fue acusado de asesinato tras apuñalar a Gilyard hasta matarla en su bañera.
Una demanda, posteriormente resuelta, alegó que Turning Points fue negligente al no informar a Gilyard sobre el pasado violento de Johnson.
Pero el DHS no enfrentó ninguna consecuencia en un tribunal civil por haber rechazado las reservas de la CUA.
Abusado en hogares de acogida
Después de la muerte particularmente horrenda de un niño bajo la custodia del DHS, los medios de comunicación, el público y la clase política se preguntan cómo un niño bajo el cuidado de nuestro gobierno pudo sufrir un abuso tan obvio.
Sin embargo, estos casos son excepciones en el sistema de acogida de Filadelfia. Las formas de abuso no mortales son mucho más frecuentes, lo que conlleva años de posibles necesidades médicas y de salud mental.
Los registros muestran que, entre 2017 y 2022, Filadelfia investigó casi 900 denuncias de abuso o negligencia hacia niños bajo el cuidado del gobierno y confirmó 186. Es probable que estas cifras estén por debajo de las cifras reales. En una encuesta nacional de adultos que estuvieron en el sistema de acogida, el 30 % reportó haber sufrido abuso o negligencia en algún momento.
“Maltrato físico, azotes, bofetadas, abuso verbal —como ‘no sirves para nada, nadie te quiere, por eso estás aquí’— y que no te alimenten o que te alimenten de forma diferente a los demás niños que están allí”, dijo Marcus Jarvis, ex joven de acogida. “El abuso a niños de acogida ocurre todo el tiempo”.
Los datos publicados por la Administración Federal para Niños y Familias parecen no reflejar el número real del abuso de niños en hogares de acogida: cada año, el 0.3% de los niños en hogares de acogida (uno de cada 333) sufren abusos mientras están bajo custodia del gobierno, lo que, si fuera cierto, significaría que los niños en hogares de acogida están casi tres veces más seguros frente al abuso que el niño estadounidense típico.
Defensores de jóvenes quienes estuvieron en hogares de acogida explican por qué algunos incidentes pueden no contabilizarse.
“Algunos niños no lo denuncian por trauma o porque sienten que ese trato es lo que merecen porque eso es lo que les dijo su persona de acogida”, dijo Constance Iannetta, fundadora de Foster Strong, una organización que defiende a jóvenes que están o estuvieron en hogares de acogida.
También se toma tiempo para generar confianza con un administrador de casos, algo poco probable cuando los trabajadores se van constantemente. Sin embargo, a veces los niños denuncian maltrato solo para descubrir que su administrador de casos, sobrecargado de trabajo, los disuade de hablar.
“A veces, su administrador de casos podría decir: ‘¿Estás seguro de que realmente quieres hacer esto?’”, dijo Greenwood, “y eso simplemente da a entender: ‘El siguiente lugar podría ser peor’”.
La crisis de sobrecarga de casos
En febrero de 2020, un niño de 3 años fue llevado al Hospital Infantil St. Christopher con hematomas recientes en los brazos, las manos y la cara. Tras examinarlo, los médicos le diagnosticaron bradicardia, un ritmo cardíaco lento causado por deshidratación o dietas extremas y desnutrición. Una marca rodeaba una pierna, como si lo hubieran atado.
El niño, después identificado en los registros judiciales como T.E., vivía en un hogar de acogida supervisado por Turning Points for Children, una CUA bajo contrato con el DHS de Filadelfia.
El abogado de la parte demandante, Bezar, asumió el caso y demandó a Turning Points for Children por no proporcionarle a T.E. un hogar seguro. En el juicio, la administradora de casos declaró tener al menos 18 casos, una carga de trabajo casi el doble del objetivo del DHS y que, según dijo a sus supervisores, le dificultaba desempeñar sus funciones eficazmente.
Las agencias de bienestar infantil han tenido dificultades para retener personal desde mucho antes de la entrada en funcionamiento del sistema CUA. Actualmente, Filadelfia financia a las CUA lo suficiente como para contratar a un trabajador por cada 10 casos, y cada “caso” comprende una familia que puede incluir varios niños. Sin embargo, los líderes del sector de bienestar infantil rechazan este método de medición de las cargas de trabajo.
“Todo el sector, todas las organizaciones profesionales que recopilan datos y establecen estándares de la industria, llevan décadas aconsejando a las agencias que calculen la carga de trabajo según el número de niños de los que cada trabajador es responsable”, dijo Zukoski, exmiembro del Consejo de Servicios para Niños, Jóvenes y Familias de Pensilvania. “Cuando hablo con profesionales de otras jurisdicciones sobre cómo Filadelfia calcula el tamaño de su carga de trabajo, quedan atónitos”.
Marcia Lowry, una abogada que lideró un esfuerzo legal exitoso que llevó a importantes reformas en el bienestar infantil en Nueva Jersey hace más de 20 años, dijo que medir las cargas de trabajo por familia “oculta la verdadera carga que enfrentan los trabajadores. Porque, como sabemos, muchas familias tienen más de un niño. Y sin una carga de trabajo manejable, simplemente no pueden hacer su trabajo”.
La Liga de Bienestar Infantil de Estados Unidos ha recomendado de 12 a 15 niños atendidos por cada trabajador de casos. Según esa medida, el DHS de Filadelfia suele esperar que sus trabajadores manejen 20 casos o más al mismo tiempo. El volumen de casos es tan fundamental para cualquier cálculo de riesgo que el corredor de seguros Lockton, en un análisis reciente del mercado, identificó las proporciones adversas de personal por caso como un factor clave en las demandas.
“Esto ha sido una preocupación nuestra desde hace mucho tiempo”, dijo David Wilson, quien dejó su puesto como presidente del sindicato en enero. “Usar el número de familias oculta la carga real de trabajo de un administrador de casos”, porque una sola familia podría significar un niño y una dirección, o cinco niños y varios hogares que visitar.
Los datos más recientes publicados por el DHS indican que cinco de sus CUA tienen una carga de trabajo media de entre 11 y 21 familias, lo que significa que la mitad de esos trabajadores tienen cargas de trabajo que exceden su propio objetivo y superan ampliamente los estándares recomendados por la La Liga de Bienestar Infantil de Estados Unidos (CWLA, por sus siglas en inglés).
Bezar dijo que pregunta sobre la carga de trabajo del DHS en sus demandas civiles. “La carga estándar se supone que debe tener un límite de 10 casos. Y con frecuencia recibo respuestas de 12, 14, 17… Es un problema persistente, y la correlación entre cargas de trabajo altas y niños que sufren abusos mientras están en el sistema de acogida no parece ser una coincidencia”.
En septiembre de 2021, descubrió que Turning Points for Children ofrecía bonos de $500 a su personal por asumir más de 13 casos cada uno, “dándoles más oportunidades de equivocarse… incentivando al personal que saben que necesita el dinero para asumir más casos de los que permiten las propias políticas del DHS”.
Una posible solución a los problemas del volumen de casos y el abuso de niños en hogares de acogida reside en verlos como lo han hecho los expertos, a través del lente de la ciencia de la seguridad, un método para analizar catástrofes que fue introducido por primera vez en la industria aérea.
“La idea también es analizar las circunstancias que rodearon el incidente y que permitieron o llevaron a los trabajadores de la agencia a tomar las decisiones que tomaron”, dijo Scott Modell, experto en ciencias de la seguridad. “Terminas resolviendo problemas menos dramáticos pero más comunes, y también haces que estas fallas catastróficas sean menos probables”.
En el caso de T.E., la ciencia de la seguridad habría llevado de nuevo a los problemas fundamentales de un sistema de acogida con demasiados niños y una fuerza laboral sobrecargada.
‘Una revisión completa’
Hoy, los líderes del DHS presumen de datos impresionantes que sugieren que el sistema CUA funciona. El número de niños en hogares de acogida ha disminuido casi un 60 % en los últimos siete años. Durante este tiempo, el número de niños maltratados reincidentes también ha disminuido.
“Reducir el número de niños en hogares de acogida en un 53 % es sorprendente”, dijo Ali en una entrevista el año pasado.
A veces, Ali suena como una persona reformista.
En febrero, en una conferencia inaugural en la Facultad de Derecho Beasley de la Universidad de Temple, Philly Voice For Change, una organización activista, expuso sus argumentos contra el sistema. Mientras la oradora principal, Dorothy Roberts, profesora de derecho en la Universidad de Pensilvania, denunciaba el racismo sistémico de lo que ella llama el “sistema de vigilancia familiar”, Ali se sentó atrás, tomando notas y ofreciendo entusiastas “mmm-hmm”.
En entrevistas con The Inquirer, Ali se negó a establecer metas sobre cuánto más podría el DHS reducir su población de niños en acogida. Pero algunos profesionales locales del sistema sugieren que Filadelfia necesitaría reducir esa cifra en otro 60 % para igualar las tasas de la ciudad de Nueva York.
Con base en las docenas de demandas relacionadas con las CUA que ha presentado contra las agencias comunitarias paraguas, Bezar es la principal autoridad de la ciudad en cuanto a las deficiencias del sistema de bienestar infantil. También ha formado parte de la junta directiva del Centro de Derecho Juvenil, el bufete de abogados sin fines de lucro más antiguo del país especializado en derecho infantil.
“Estamos hablando de un sistema de bienestar infantil que necesita una reforma completa”, concluye. “Asigna a demasiados niños a hogares de acogida, alegando que están más seguros, pero en realidad no tiene la capacidad para cuidar a estos niños. Pero este es un sistema que siempre ha resistido grandes cambios”.
Ese cambio significaría muchos menos casos por negligencia para Bezar, una perspectiva que, según él, lo recibiría con gusto.
“Que me dejen sin trabajo”, dijo. “Por favor. Mi objetivo es que el sistema funcione tan bien que ya no me necesiten”.
Los siguientes periodistas contribuyeron a este artículo: Luisa Suárez, Beatrice Forman, Lucia Geng, Raven Yamamoto, Aakruti Ganeshan, Katrina Janco, Lindsey Perlman, Rjaa Ahmed, Jeffrey Fishman, Amy Liu, Angelique Bacha, Lydia McFarlane, Maria Utz, Stella Vallon, Kiara Santos, Mariyum Rizwan, Amanda DeJesus, y Deesarine Ballayan.
